El 67% de los funcionarios públicos jerárquicos declaró trabajos anteriores en la actividad privada
El patrón común histórico de funcionarios nacionales es un pasado común en la función pública. Su pertenencia a la “casta política”, en palabras de Javier Milei. Si bien se trata de un concepto amplio que los libertarios esgrimen para denostar a sus críticos, lo cierto es que la mayoría de quienes integraron los diferentes ministerios y secretarías nacionales en las últimas cuatro décadas provinieron de algún cargo en la administración pública o una banca legislativa, tanto en la órbita nacional como local. La alternancia en cargos en distintos niveles estatales fue una constante en la política argentina.
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La llegada de Milei cambió con esa lógica de preferencia por cuadros con trayectoria en el aparato estatal. En la actual gestión libertaria, el 67% de funcionarios públicos jerárquicos viene de ocupar cargos en la actividad privada, tanto como profesionales independientes como en relación de dependencia. Sólo el 27% tiene antecedentes inmediatos en otro cargo público.
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En el gobierno de Alberto Fernández era al revés: el 72% provenía de la función pública y sólo el 28% restante había trabajado como independientes o en la esfera privada. Así surge del análisis de Infobae de la base de datos de las declaraciones juradas de actividades anteriores a la función pública, publicadas por la Oficina Anticorrupción (OA), con datos al 31 de diciembre de 2025.
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Hasta diciembre de 2023, la excepción había sido el Gobierno de Mauricio Macri, cuya gestión estuvo integrada por CEOs del mundo empresario, un cuestionamiento que le hicieron desde las huestes opositoras. Esta situación fue producto de la falta de cuadros políticos en el PRO para cubrir cargos a nivel nacional, provincial y en el Ejecutivo porteño a la vez con el triunfo de la ola amarilla en 2015. También, de la poca disposición del líder del partido amarillo a abrir espacios a sus aliados radicales.
Las declaraciones juradas de actividades anteriores a la función pública, que deben completarse ante la OA, fueron implementadas en 2022 en el marco del Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP), para evitar posibles conflictos de interés.
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Busca prevenir la llamada “puerta giratoria” – como se conoce al ingreso y egreso de altos cargos públicos desde y hacia el sector privado-, y la toma de decisiones desde el ámbito público que puedan perjudicar el interés general, en beneficio de intereses privados, ya sea mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de imparcialidad e independencia de criterio.
