El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes
El Gobierno tiene decidido apelar en los próximos días el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que le ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes en las manifestaciones, al considerar que la herramienta es legítima y garantiza el derecho constitucional a la protesta.
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De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales a Infobae, los operativos contra los disturbios “garantizan la paz social” y es falso que “le falte legitimidad”; como sostuvo en su sentencia el juez federal Martín Cormick.
Las autoridades recurrirán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender la medida que se viene aplicando casi desde el comienzo de la gestión libertaria.
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“El 70% de los argentinos está a favor del protocolo. Esto es político. Se va a apelar. No vamos a dar un paso atrás. Vamos a ir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, señalaron fuentes de la Casa Rosada.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, va a impulsar la apelación
En las últimas horas, Cormick hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el procedimiento antipiquetes tiene vicios en su conformación legal, ya que -a su entender- en su creación el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución reserva de manera exclusiva para el Legislativo.
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Si bien en marzo pasado el magistrado había rechazado suspender estos operativos y asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación, en esta ocasión falló a favor de un recurso que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para el juez, en la resolución 943/2023, con la que se puso en marcha el mencionado protocolo, el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, algo que le corresponde al Congreso.
Por su parte, en el Gobierno negaron esto y señalaron que “la Justicia ya ha validado” los operativos policiales “en reiteradas ocasiones” cuando se planteó la inconstitucionalidad de los mismos.
Al respecto, aseguraron que, “lejos de limitarlos, el protocolo garantiza el ejercicio de derechos constitucionales”, como a la protesta, y solamente “ordena de la metodología” en la que se hace.
